Día: 28 marzo, 2026

Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026. Como parte de las acciones estratégicas para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2027, integrantes de la Comisión Multidisciplinaria del Poder Judicial de Michoacán realizaron una visita institucional al Poder Judicial de Nuevo León, con el objetivo de conocer de primera mano las buenas prácticas en materia de justicia oral y el uso de herramientas tecnológicas en la impartición de justicia.

Durante la visita, la comisión llevó a cabo un recorrido por diversas áreas clave, entre ellas la Dirección de Archivo Judicial, que comprende el módulo de atención ciudadana, buzón de oficialía, oficialía de partes, unidad de asistencia procesal administrativa, unidad de distribución interna, archivo único de los juzgados en materia familiar, archivo de concentración, así como la unidad de investigación y difusión histórica.

Asimismo, se visitaron los Juzgados Familiares, donde se sostuvo un diálogo e intercambio de experiencias con servidoras y servidores públicos de distintos niveles, enfocados en el fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia, particularmente en los ámbitos civil, familiar y mercantil, bajo esquemas de oralidad.

Estas actividades permitieron conocer modelos de gestión judicial que incorporan tecnologías de la información y comunicación, orientadas a hacer más eficientes, ágiles y accesibles los servicios que se brindan a la ciudadanía.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán refrenda su firme compromiso de llegar a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares debidamente preparado, con las capacidades institucionales, herramientas tecnológicas y personal capacitado, necesarios para su adecuada y efectiva instrumentación, en beneficio de las y los michoacanos.

Con este tipo de acciones, se avanza de manera decidida hacia la consolidación de un sistema de justicia moderno, transparente y cercano a la sociedad.

Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, la magistrada Monserrat Pérez Marín y Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial, participaron en la sesión extraordinaria de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, en la que se informó que será presentada ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a artículos transitorios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), con el propósito de modificar la fecha máxima de su aplicación en todo el país a abril de 2030, en lugar de abril de 2027.

En su calidad de presidenta de la Comisión, la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez manifestó que la propuesta busca que los Poderes Judiciales cuenten con la infraestructura física y tecnológica necesaria, así como con personal debidamente capacitado con competencias acordes a los nuevos paradigmas del sistema, a fin de garantizar un acceso a la justicia sencillo y permanente para todas las personas.

Asimismo, exhortó a continuar con los trabajos de implementación del CNPCyF mediante una estrategia que permita aprovechar al máximo sus beneficios. Subrayó la importancia de fortalecer la oralidad en los procesos, privilegiar audiencias presenciales, públicas y transparentes, así como simplificar los trámites mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan brindar servicios de justicia las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo el país.

En la reunión, que se realizó de manera virtual, también participaron Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, el senador Javier Corral y el legislador Julio César Moreno; representantes del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas; así como la diputada del Congreso de Michoacán, Anabet Franco Carrizales.

Posteriormente, en declaraciones por separado, el magistrado presidente Hugo Gama Coria señaló que el Poder Judicial de Michoacán continuará avanzando en la ruta que ya tenía trazada para la implementación del CNPCyF, con énfasis en la capacitación constante del personal y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

Destacó que, como muestra de estos avances, se mantiene firme el compromiso de que durante el presente año entre en operación el primer juzgado digital en la entidad, lo que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía mediante herramientas modernas, accesibles y eficientes.

Morelia, Michoacán, 28 de marzo de 2026. Las juezas y los jueces del Poder Judicial de Michoacán, comprometidos con la impartición de una justicia completa, han emitido diversas sentencias por distintos delitos.

Tal es el caso de una sentencia dictada por un juez de Zamora a cuatro personas por 50 años de prisión, el pago de multa por más de 384 mil pesos, la reparación del daño material por más de 176 mil pesos y la suspensión de sus derechos políticos, ello por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con los hechos, la víctima fue privada de su libertad en diciembre de 2022 y trasladada a la Ciudad de México, donde fue mantenida en cautiverio mientras se exigía un rescate de 8 millones de pesos. Posteriormente, fue liberada por autoridades y los responsables detenidos.

En la misma región, Miguel Ángel “N” fue sentenciado a 25 años de prisión, el pago de más de 518 mil pesos por concepto de reparación del daño, el pago de gastos funerarios en favor de las víctimas indirectas y la suspensión de sus derechos políticos por el delito de homicidio calificado en agravio de una persona de identidad reservada. De acuerdo con hechos acreditados en juicio, la víctima fue atacada con armas de fuego mientras circulaba en motocicleta y posteriormente perseguida, siendo privada de la vida tras una agresión directa.

De igual forma en Zamora, un juez dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Crispín “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en agravio de una niña de identidad reservada. Determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que la sentencia cause ejecutoria; el pago de la reparación del daño material y moral, que será cuantificado en la etapa de ejecución de sanciones, y la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo de la pena.

Y finalmente, en la región de Uruapan, por homicidio calificado en agravio de un hombre de identidad reservada y por homicidio calificado en grado de tentativa contra una persona de datos protegidos, un juez dio 30 años, 1 mes y 25 días de prisión a Jorge Alberto “N” durante la realización de una audiencia de individualización de la pena.

Bajo el expediente 28/2024, la sentencia condenatoria además incluye el pago de la reparación del daño, cuantificable en etapa ejecución de sanciones, la cual no podrá ser menor a 549 mil 451 pesos; y se suspendieron los derechos políticos por el mismo lapso de la pena de prisión.