México podría tener modelo electoral militarizado: INE

Morelia, Mich., a 09 de julio de 2021.- Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, denunciara la injerencia del crimen organizado en la elección del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) indicó que sí se reportaron incidentes el día de la jornada electoral que requieren de una aclaración.

En entrevista, el Vocal Ejecutivo del Instituto en Michoacán, David Delgado Arroyo, señaló que existen denuncias al respecto, mismas que deben ser atendidas por el Ministerio Público.

Entre las denuncias, dijo sin entrar en detalles, se encuentran las casillas robadas en Apatzingán, además de incidentes en Huetamo y Salvador Escalante.

Delgado Arroyo señaló que, tras las propuestas entregadas por el gobernador del estado al Senado de la República para modificar los códigos y lineamientos electorales para evitar la injerencia del crimen organizado, hoy se debe evaluar hasta qué punto es conveniente que México tenga un modelo electoral similar al que tienen otros países, donde las instancias electorales toman el control de la milicia y las corporaciones policiales, el día de los comicios.

En este sentido, aseguró que el INE tiene la capacidad para asumir la responsabilidad, pero se debería contar con una serie de lineamientos que regulen los pros y contras de dicha medida.

“Esto podría tener ya un carácter de corresponsabilidad del INE para mandatar acciones inmediatas en términos de este tipo de facultades. En este momento, el INE no puede actuar porque no tiene el mando de las fuerzas de seguridad. Se tiene colaboración con ellas, pero ellos son los que deciden intervenir o no. Es un tema delicado de sostener”, expresó.

Indicó que el hecho de que en las casillas se cuente con presencia de militares o elementos de la policía, podría ser inhibitorio del ejercicio del voto, es decir, que la gente no quiera asistir a emitir su sufragio por esta situación.

Sin embargo, mencionó que la “militarización” de las elecciones, podría significar una percepción de mayor seguridad por parte de la población, además de que se podrían inhibir acciones ilícitas como la compra de votos o la presión para favorecer a algún candidato, pero también podría ponerse en riesgo a los votantes.

“Ha ocurrido, aunque en hechos aislados, pero sabe la población que hay seguridad en una zona y está en un problema, llegan a esa zona a pedir ayuda. No es una decisión tan sencilla de tomar”, agregó.

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